Plan de la Lucha contra la Malnutrición 2025–2028 orienta acciones integrales del Estado
En el año 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) aprobó el Plan de Lucha contra la Malnutrición 2025–2028, el cual constituye un instrumento estratégico que orienta las acciones del Estado para abordar de manera integral todas las formas de malnutrición.
El plan se basa en evidencia técnica y adopta un enfoque territorial, reconociendo las desigualdades existentes entre regiones y poblaciones. Asimismo, incorpora la sostenibilidad como un eje transversal, con el objetivo de generar impactos duraderos en la salud y el bienestar de la población.
El plan define un sistema de seguimiento compuesto por 8 indicadores de impacto, 16 indicadores de resultado, 8 indicadores de proceso y 110 metas físicas anuales, orientadas a reducir las distintas formas de malnutrición en el país. Este cuenta con la participación de al menos 27 entidades públicas que han aportado al diseño y serán responsables de la ejecución, bajo la coordinación técnica de la SESAN y la supervisión del CONASAN,
Entre sus principales metas al año 2028 se incluyen la reducción de la desnutrición crónica infantil, la disminución de la anemia en niños y mujeres, y la contención del sobrepeso y la obesidad en población infantil, escolar y mujeres en edad reproductiva, además de ampliar la cobertura de acciones como asistencia alimentaria, transferencias con enfoque nutricional, huertos escolares y servicios integrales de salud y nutrición, con énfasis en los territorios priorizados.
Uno de los principales aportes del plan es que no se limita a la desnutrición infantil, sino que también aborda el sobrepeso y la obesidad, reconociendo la doble carga de la malnutrición como un desafío creciente para el país. De esta manera, se promueven acciones preventivas y de atención a lo largo del ciclo de vida.
El Plan Nacional establece líneas de acción claras y mecanismos de seguimiento que permiten evaluar los avances y ajustar las intervenciones según los resultados. Además, fortalece la coordinación interinstitucional, asegurando que las distintas entidades trabajen de manera articulada hacia objetivos comunes.
Con la aprobación de este plan, el Estado cuenta con una hoja de ruta que orienta la inversión pública y la acción territorial en materia de nutrición, consolidando un enfoque integral para mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca.
